En un sentido tradicional del término, el derecho de autor se define como una modalidad específica de la propiedad intelectual, y es lo que permite que la ley reconozca al autor como receptor de todos aquellos beneficios que genera la obra desde el punto de vista de su publicación, ejecución y reproducción. Todos estos derechos que le eran otorgados al autor se han visto vulnerados con la llegada de la digitalización y la descarga ilegal de obras literarias, ensayos, estudios y toda clase de textos.
De esta manera, como se explica en La gran trasnformación, "un creciente acceso no autorizado a versiones digitales de libros por canales irregulares", lo que coloquialmente se denomina piratería, "implica una vulneración de derechos a gran escala", dentro de los cuales encontramos tanto el quebrantamiento del ya citado derecho de autor así como de los derechos de explotación, de patrimonio y de reproducción. La consecuencia directa de todo esto es la pérdida de respeto hacia el autor de la obra, quien, ante un paradigma de gratuidad de sus obras, es consciente de la pérdida económica que esto le supone. Ante la piratería, el autor se encuentra legislativamente abandonado pues no hay leyes resolutivas que permitan poner fin a esto y, en muchas ocasiones, se debe conformar con la conservación de su derecho moral como autor del texto.
Ante esta situación, lo que es evidente es que hay que tomar soluciones que palíen este mercado gratuito de lo que, para el autor y la editorial, supone un mecanismo laborioso, ya que estas figuras entienden que ningún esfuerzo en lo que a aplicar políticas de precios o experiencia de compras se refiere puede competir con una oferta de precio cero, como se explica en la obra citada anteriormente.
Así, las soluciones posibles que se pueden barajar parten no solo de un esfuerzo social y estatal sino también de un esfuerzo y un aceptación de cambio por parte de figuras como autores y editoriales.
Desde el punto de vista social y estatal, sería conveniente, en primer lugar, conseguir una concienciación del uso de esa información a través de distintas fuentes como podrían ser los medios de comunicación (programas específicos en radio, televisión, etc.) con la participación de las distintas partes para poder demostrar a la sociedad las consecuencias directas del mal uso que en la actualidad se está haciendo de dichas obras; en segundo lugar, un buen vehículo para dicha concienciación sería a través de la educación y desde las fases mas primarias de esta y así establecer un nexo de respeto necesario que debe haber entre el autor y los diferentes interlocutores; en tercer lugar y como un pilar fundamental ante dicha situación, el Estado debería establecer una serie de leyes basadas en el consenso entre autores y usuarios, que regulen un comercio justo para todas las partes.
Por su parte, los autores y empresas afines deberían de encontrar nuevas formulas de comercio que se adaptasen de forma equilibrada al nuevo panorama social que representa la nueva era digital. Así, una de las soluciones pasa por unirse a las diferentes plataformas de comercio digital con las sustanciales mejoras económicas que ese tipo de comercio debería plantear cara al usuario final, lo que, en este momento, no esta siendo así. Otra de las soluciones es la creación de páginas webs propias en las que gestionen la publicidad como recurso económico y, aquello que ingresen a través de la publicidad repercutirlo en el abaratamiento del coste que va a pagar el usuario final. Por último, otra de las posibles soluciones es, como ya se viene haciendo por parte de algunos autores, promocionar su obra a través de encuentros más directos con la sociedad como podrían ser charlas, conferencias o debates.
La reflexión que nos deja este breve análisis es que si las diferentes partes no llegan a una acuerdo en el que se establezca dónde acaba la libertad de uno y empieza la del otro, será muy difícil darle una solución al problema que venimos planteando a lo largo de esta publicación: la piratería.
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